Por Helio Jiménez y Carlos Herrera
En tiempos recientes, han proliferado los casos en que a exgobernadores de distintas entidades del país se les han atribuido distintos delitos, todos en detrimento del estado bajo su tutela. El caso más reciente fue la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte; abogado de profesión, gobernante durante el periodo de 2010 a 2016 por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue detenido en Florida, Estados Unidos, acusado del delito de peculado por 275 millones de pesos.
Una de las capturas que más ha impactado en la opinión pública fue la del exgobernador de Veracruz durante el periodo 2010 – 2016, Javier Duarte de Ochoa, también del PRI. Esta se realizó en el vecino país de Guatemala.
En mayo de 2019 se ratificó al ex mandatario veracruzano una sentencia de 9 años de prisión, la cual le fue adjudicada por la acusación de delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa. No obstante, fue revocado el decomiso de 41 propiedades ubicadas en distintos estados de la república, por pertenecer éstas a otros procesos.
Otro caso destacado, fue el del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien encabezó el gobierno local entre los años 2011-2016. Ángulo fue detenido en Panamá, acusado de desempeño irregular de la función pública por otorgar concesiones de transporte sin haber emitido una convocatoria.
Que estas detenciones se hayan logrado en un periodo de tiempo relativamente corto, coincidiendo con el cambio de gobierno, es indicativo de la forma en que funciona la política mexicana y cómo se manifiesta el poder de una nueva administración respecto a la anterior.
Este tipo de eventos tienen la función de influir en la mentalidad popular al otorgar figuras antagónicas a los valores que pretende ostentar como propios el nuevo gobierno, en este caso el villano favorito en el escenario político mexicano de las últimas décadas fue el PRI, epítome de la corrupción, el nepotismo y el desfalco de recursos públicos.
En esta interminable sucesión de gobiernos, las posibilidades de que un político que ha decidido que la vieja premisa de ‘un político pobre, es un pobre político’ no aplicará a él, siga en libertad al concluir su mandato, sólo son limitadas por sus posibilidades de ingresar a la nueva administración. El caso Bartlett es el ejemplo más claro.
El principal problema que padece el país, según López Obrador, es la corrupción. Sin embargo, una venda se cierne sobre sus ojos, a la hora de señalar a sus correligionarios, por lo que su Cuarta Transformación tiene el riesgo de convertirse en una administración más plagada de escándalos. Nunca ha sido en vano la comparación con el viejo PRI.
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