Por Fernando Rivera
L’état c’est moi («El Estado soy yo», en español), frase atribuida a Luis XIV, “El Rey Sol” de Francia, encarna en sí misma el emblema del absolutismo monárquico europeo del siglo XVII. Conlleva así, la noción de divinidad con la que la realeza creía liderar las riendas de una nación, incluso, por encima de las leyes establecidas por el hombre.
No obstante, ¿podría considerarse obsoleta esta forma de dirigir? Las formas de gobierno actuales, arrojan casos en los que el absolutismo no sucumbió con la Revolución Francesa, sino que se adecuó para sobrevivir en nuevos sistemas.
El de México, es un caso particular. López Obrador llegó al poder de manera legítima, a través de las urnas; eso nadie lo duda. Sin embargo, ese triunfo, más que en políticas públicas, se ha traducido en un desmantelamiento de lo hecho por sus antecesores, a pesar de los costos para la economía, el sistema de salud y la seguridad del país.
Como líder mesiánico que es, AMLO se cree omnisciente y omnipotente. Considera tener las soluciones para todos los males que aquejan al país, aunque éstas han resultado contraproducentes. Sus políticas son consecuencia de los remedios milagrosos que ha planteado: “abrazos, no balazos”, es tan solo la punta de lanza. En el tablero, los balazos llevan la delantera.
¿Qué se puede esperar de una administración gubernamental, cuando el jefe del Estado Mexicano menciona que la crisis económica y del COVID-19, “nos vino como anillo al dedo”? La respuesta parece desalentadora, sin embargo, no se deben olvidar las raíces de López Obrador: proviene de una forma de hacer política al viejo estilo priísta, de aquel del poder de un solo hombre, en un modus vivendi inmerso en una suerte de «absolutismo» contemporáneo.
Es así que, en materia de seguridad, la noche cayó sobre México. Aún con el poder que ostenta, cada vez más centralizado, ha sido incapaz de poner orden y garantizar la paz a una ciudadanía que confió en él.
Basta mencionar por ejemplo que, de acuerdo con información de MOVISAFE, durante el primer cuatrimestre de este 2020, se contabilizaron 8,220 homicidios relacionados con el crimen organizado y delincuencia común a nivel nacional, 137 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 8,083 casos de este tipo.
La tragedia de los datos presentados arriba, es que el gobierno mexicano mostró incompetencia para enfrentar el problema: cuando la sociedad estaba en confinamiento por la crisis del COVID-19 –momento clave para reducir los índices de delincuencia– irónicamente la cifra de muertes violentas creció exponencialmente. El contexto estaba dado para ser usado a su favor en la materia y, no obstante, fracasaron
El escenario no se muestra optimista. Un estudio elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estima que el impacto económico de la crisis sanitaria arrojará a entre 6.1 y 10.7 millones de personas a las garras de la pobreza extrema. Aunado a lo anterior, el Inegi contabilizó 2 millones de desempleados en el país durante el primer trimestre de este año.
Visto así, el panorama no es nada alentador. La decadencia de los datos oficiales de los primeros meses del 2020, va en la misma línea que los niveles de inseguridad. Una explicación a este fenómeno es que, ante la falta de oportunidades, las personas se están enrolando en las filas del crimen organizado, así como a la comisión de otras actividades delictivas para sostenerse.
¿Estamos ante el inicio de una nueva crisis: la de la inseguridad? Los números, sin benevolencia alguna, dicen que sí. El absolutismo contemporáneo en el que el Ejecutivo federal pretende caer, no se traslada en resultados. La realidad, terca e implacable, no cede ante nadie. López Obrador, en su complejo mesiánico, cree ser el salvador de un pueblo que cada vez cree menos en él. Y aún con ello, frente a él, ríos de sangre han de seguir corriendo, ante su mirada indiferente.
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