Por Fernando Rivera y Mario Pérez
¿Dónde quedó el Estado de Derecho, ese que López Obrador tanto pregonó que haría valer con su llegada a la presidencia? ¿Por qué sigue habiendo territorios en el país, en los que las fuerzas de seguridad son incapaces de hacerse presentes? Pareciera que la administración actual ha claudicado en su deber máximo al frente del país: garantizar la seguridad y el bienestar social.
En los tiempos que corren, invadidos por el COVID-19, una importante cantidad de grupos criminales ha comenzado a distribuir apoyos en diversos municipios del país, particularmente a personas de escasos recursos. Cierto es que esta no es una práctica nueva, sin embargo, en el contexto actual, el fenómeno se ha magnificado.
Este tipo de actividades la han realizado desde organizaciones con una relevante presencia a nivel nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta otras con que son más regionales como Los Viagras.
Lo más constante ha sido que los grupos criminales otorguen despensas en los lugares en los que ya están asentados desde hace varios años. Por mencionar algunos puntos, se encuentran el Cártel del Golfo (CDG) en Matamoros y Victoria, Tamaulipas; Los Viagras en Apatzingán, Michoacán; Los Zetas en Coatzacoalcos, Veracruz; y el CJNG en Manzanillo, Colima.
No obstante, las entregas también se están presentando en áreas en las que los grupos no son dominantes y pretenden ingresar, como lo es el caso de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa (CDS), que otorgó despensas en Guadalajara, Jalisco.
Pero, ¿cuál será la intención de los grupos criminales con la implementación de estas estrategias? En resumen, buscan generar una base en ciertos sectores de la sociedad, para ganar su agrado, y así obtener su ayuda. Un grupo que lo ha trabajado ampliamente es el Cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, pues durante operativos llevados a cabo en esa zona del Bajío, los pobladores han salido para bloquear el avance de los convoyes de seguridad, poniendo al frente a mujeres y niños.
Seamos claros: existe un Estado paralelo en zonas del país, en las que las organizaciones delictivas son quienes dictan las leyes que se han de seguir, cobran sus propios impuestos (traducidos como extorsiones) y buscan garantizar la seguridad, previniendo la entrada de grupos rivales. En esos territorios, el gobierno mexicano ha sido doblegado o, en el peor de los casos, es inexistente.
La población está siendo cooptada, en un intento de los grupos delincuenciales de trasladarse a otras formas de financiamiento ante la crisis económica que, también a ellos, les ha afectado. Ante un mercado norteamericano prácticamente cerrado, los criminales necesitarán de la colaboración de la gente en hechos como los saqueos, robo a transporte de carga o a trenes.
De hecho, en la mayoría de los lugares en los que los cárteles dieron despensas, predomina la pobreza, un elemento que impera en los perfiles de las personas que se unen a las filas del crimen organizado.
<A los olvidados por el gobierno en esta historia, los ha retomado el narco. Ante esto, López Obrador se atrevió a decirle al crimen organizado, en una de sus conferencias, que mejor ‘le bajaran’. Y agregó: “Eso no ayuda, ayuda el que dejen sus baladronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando”.
<Para esas personas, las autoridades no son las que encabeza AMLO en el papel, sino aquellas que se han acercado a apoyarlos, aquellas que, a su parecer, los ayudan para no morir en la miseria, a pesar de que siempre hay una moneda de cambio. Son los olvidados de las administraciones gubernamentales que, ante la indiferencia del Estado, han de respaldar a quienes ahora los ayudan.
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