De acuerdo con cifras de MOVISAFE, un total de 23,829 muertos fueron contabilizados a nivel nacional en todo 2019 (el primer año efectivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador). Por su parte en 2013, el primer año completo de Enrique Peña Nieto, se registraron 11,785 homicidios, por lo que el aumento ha sido exponencial, en un estimado de 102.2%.
Por lo que, el discurso presidencial se ha enfocado en culpar a las administraciones anteriores de la espiral de violencia que actualmente se vive, no obstante ha omitido aceptar que la estrategia de seguridad implementada desde la Federación tampoco ha dado los resultados planteados, por el mandatario desde aquellos días de campaña, cuando prometía pacificar al país.
Si bien su enfoque se ha centrado en contrarrestar lo que él considera las causas de la problemática, como la corrupción, pobreza y la falta de oportunidades a los jóvenes, lo cierto es que el uso de la fuerza que legalmente le corresponde al Estado Mexicano, ha dejado de ser una prioridad, a pesar de lo expresado en su primer informe de gobierno donde manifestó que la estrategia de seguridad consistía en una coordinación de la guardia nacional y el despliegue total de 140,000 en todas las regiones del país.
La poca o nula presencia de las autoridades legalmente constituidas, ha dado lugar a que en algunas zonas del país, las organizaciones criminales hayan implementado una suerte de Estado paralelo en el que fijan su propia ley e incluso cobran sus propios impuestos, traducidos como extorsiones.Algo es cierto; las estadísticas muestran que la curva de crecimiento en la cantidad de asesinatos vinculados con crimen organizado y delincuencia común, no ha sido de manera exponencial, como ha ocurrido en los últimos dos o tres años. No obstante, el sentido de lo que ha sucedido en materia de seguridad parece seguir orientado de manera incorrecta.
¿Se tienen pruebas para sostener que los altos niveles de violencia son una asignatura pendiente de este gobierno?
El evento que desnudó el poco conocimiento, no sólo de la realidad del país, sino de la estrategia que se debe implementar contra la delincuencia, ocurrió en Culiacán, Sinaloa, luego del fallido operativo de captura contra Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. En aquella ocasión, las autoridades fueron doblegadas por el Cártel de Sinaloa. El saldo de este hecho fue de ocho personas fallecidas, así como 19 personas lesionadas por impactos de arma de fuego.
Con esta demostración de fuerza, el Cártel Jalisco Nueva Generación se erige como el más poderoso en el territorio nacional. Su estrategia de tejer alianzas con grupos locales para extender sus operaciones le ha funcionado, al grado de tener presencia en estados donde no se tenía prevista su llegada, como en Tamaulipas.
¿Es entonces, que estamos ante el inicio de sexenio más violento en la historia reciente de México?
El panorama no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. El Presidente ha confirmado que los miembros de su gabinete de seguridad seguirán en el cargo. Nada bueno se puede augurar cuando los cerebros de la estrategia fallida han de continuar ahí.
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