Por Fernando Rivera
La pandemia mundial de Covid-19, no sólo ha traído consigo una marcada crisis sanitaria en los diversos países del mundo, poniendo a prueba la organización de la sociedad civil, la respuesta de las autoridades y la capacidad de infraestructura de salud, sino que también ha puesto en vilo a la economía del orbe.
En este sentido, la economía mexicana no ha estado exenta de una caída, acentuada aún más por el esparcimiento de ese enemigo silencioso que ha arrebatado la vida de casi 80 mil personas en el país. De esta manera, más que certidumbre, la actual administración venía teniendo una pobre actuación en materia económica, incluso antes del arribo de la pandemia.
Las condiciones, en muchas ocasiones, no están dadas para el desarrollo de las actividades que generan empleos, pues el Estado se ha quedado corto a la hora de garantizar el libre tránsito.
Es así que, en recientes días, hemos sido testigos de una serie de bloqueos carreteros por parte de diversas organizaciones como el magisterio, indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros. No obstante, la afectación ha sido aún mayor, pues las acciones emprendidas por estos grupos se han extendido a las vías ferroviarias, impidiendo así el traslado de productos y materias primas desde los diversos puertos del país hacia el interior de la República, y viceversa.
Los bloqueos a las vías férreas suman ya más de 100 días en lo que va de 2020, lo cual revela que no se trata de un problema menor. Los países a los que se pretende enviar producto, también se ven afectados por esta interrupción de la cadena logística. Las entidades que más padecen este fenómeno son Michoacán, Sonora, Chihuahua, Colima, Puebla, Veracruz y Tamaulipas, principalmente.
La libertad de expresión es un derecho primordial para cualquier institución o gobierno que se jacte de ser democrático. Sin embargo, ¿en qué momento esta libertad debe afectar a terceros, a través de la economía y la generación de empleos? Dicho sea de paso, llevar a cabo estas acciones, constituye un delito que parece no se quiere perseguir.
La mayor parte de las veces, los manifestantes proceden a instalarse sobre las vías del ferrocarril. Sin embargo, con la llegada del Covid-19, una nueva técnica empleada consiste en descargar camiones de arena sobre estas arterias, mientras que un grupo de personas verifica que el material no sea retirado.
Con todo ello, habrá que esperar la resolución que tengan las autoridades. Mientras tanto, pérdidas económicas diarias seguirán surgiendo. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estima que este año la debacle podría alcanzar los 250 mil millones de pesos de seguir con este tipo de manifestaciones. Y así, la crisis que trajo consigo la pandemia, será agravada con las acciones del hombre.
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