Por Carlos Herrera
La pandemia provocada por la expansión del virus SARS–CoV–2 (Covid–19) ha mostrado la vulnerabilidad de las naciones, no sólo en una dimensión sanitaria, sino económica, política y poniendo en duda las capacidades de los Estados para afrontar la contingencia y dar lugar a soluciones que permitan mantener una relativa estabilidad en los ámbitos mencionados y conservar la gobernabilidad.
Si en materia sanitaria esto derivó en un desastre, que al menos en México ha cobrado la vida de cerca de 75 mil personas –según información de la Universidad Johns Hopkins–, en términos económicos las cosas no tuvieron un mejor cauce. El rescate petrolero por parte de los Estados Unidos, después del desplome en la demanda del hidrocarburo y las medidas de reducción en la producción que tuvieron que realizarse, fueron un duro golpe a la visión del Gobierno Federal sobre una economía cuyo eje fundamental es Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El Estado mexicano reaccionó de manera lenta. Desde el primer caso de Covid-19 en territorio nacional, detectado el 27 de febrero de 2020, pasó un mes hasta que, el 16 de marzo, se implementaron las medidas de sana distancia y la suspensión de actividades no esenciales. En ese lapso de tiempo se cuestionó el accionar de los encargados de la Secretaría de Salud (SS), la forma en que se conducían los métodos de detección, las cifras reales de contagios y decesos.
Mención aparte merece la estrategia de difusión de la información y aplicación relativa a las medidas a seguir para contener la pandemia, que enfrentó descréditos de diferentes frentes civiles.
En este escenario, ¿cuáles riesgos y amenazas a la seguridad nacional mexicana quedaron evidenciados con la irrupción de este evento contingente?
El Gobierno de México ha definido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (DOF 16/05/19) y en el Plan Nacional de Desarrollo (DOF 17/07/19), a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo tercero, la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Por otra parte, la misma Ley de Seguridad Nacional, define como amenaza a la seguridad nacional al acto generado por el poder de otro Estado, o por actores no estatales, que pueda vulnerar de modo particularmente grave las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales del Estado mexicano.
De esta manera, como riesgos refiere a la probabilidad de que en un lapso determinado se produzcan daños a los intereses nacionales, debido a la interacción de fenómenos políticos, económicos y sociales con la intervención de agentes no estatales o desastres de origen natural o antropogénico, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la nación, a la vez que sus vulnerabilidades pueden potenciarla.
Considerando lo anterior, se han presentado diferentes escenarios a lo largo del territorio mexicano, que han mostrado que no se consideraron con prontitud las dificultades que podrían sobrevenir en caso de una epidemia causada por un agente viral en la Agenda Nacional de Riesgos –el documento elaborado de manera periódica por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que se identifican los riesgos y amenazas a la seguridad nacional y la probabilidad de que sucedan– y por tanto la capacidad de actuar de manera eficaz quedó minada, derivando en los inconvenientes que atravesó el Estado mexicano tanto para contener la pandemia, como la evidente erosión de las instituciones en algunas regiones del país y los vacíos en gobernabilidad.
Si bien no hubo un colapso de las instituciones de salud, la extensión del periodo de cuarentena más allá de lo previsto, el que la cifra de contagios y defunciones superara las previstas por la SS, la necesidad de recurrir a instancias privadas para el asilo a enfermos, las acusaciones referentes a que no se estaba realizando la cantidad adecuada de pruebas para la detección de Covid han mermado el panorama. Lo anterior, pone en evidencia que el Estado mexicano no contaba (ni cuenta aún) con la infraestructura sanitaria necesaria para responder a este tipo de eventos, así como para hacer valer las medidas de contención.
Relacionado con lo anterior, está la cuestión de la desinformación, propagada a través de medios electrónicos y que tuvo repercusiones en la forma en que la población recibió las medidas apuntaladas por el Gobierno Federal. Esto lleva a especificar otro tema que vulnera la seguridad nacional: las nuevas formas de sociabilidad también implican los canales electrónicos y ante la gran cantidad de contenidos disponibles en internet (muchos con datos contradictorios a los expuestos en las instancias oficiales) el Estado mexicano no ha mostrado contar con formas para contrarrestar esto.
Pero la cuarentena también implicó que se recurriera a medios electrónicos para facilitar las actividades que se habían trastocado por el encierro, como en la propagación del home office.
Posteriormente, quedo evidenciada la desigualdad en las condiciones materiales de la población, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) recurrió a la educación a distancia, como forma de subsanar el tiempo perdido después del cierre de las instituciones educativas y parte de la población carecía de acceso tanto a dispositivos, como a canales de comunicación cibernética.
Al depender más de este tipo de formas de comunicación, se abre la puerta a nuevos problemas relacionados con la ciberseguridad. Es evidente que al no considerar la realidad nacional en este rubro un tema tan basal como la educación, el Estado mexicano no tendrá tampoco una estrategia adecuada para lidiar con este escenario, en el que el acceso a internet –con todos los riesgos y beneficios que conlleva–, es una de las bases para la sociedad del siglo XXI.
Tradicionalmente se ha tratado la cuestión del crimen organizado en cuestiones de seguridad pública, pero cuando las organizaciones delincuenciales empezaron a tomar medidas, como el castigo a quienes desobedecieran la cuarentena, además de aprovechar la vulnerabilidad de la población de escasos recursos para promocionarse, quedó en evidencia que hay regiones enteras del país, en las que ni las autoridades locales, ni las federales tienen primacía. El Estado legalmente constituido no alcanza estos lugares.
Este breve recuento es apenas una parte del panorama que el Estado mexicano tiene que afrontar, además de sus derivaciones, pues a pesar de que el optimismo puede hacer que 2021 se observe con esperanza, los problemas arrastrados desde este año (y que tienen raíces en problemas que anteceden a este gobierno) redituarán en las capacidades de esta administración federal para consolidar una estrategia que proporcione estabilidad.
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