Por Fernanda Paniagua y Karina Pichardo
Tamaulipas, es considerado como uno de los estados más conflictivos en cuanto al panorama de seguridad, pues durante décadas ha sido escenario de enfrentamientos armados, bloqueos criminales y secuestros masivos, sólo por mencionar algunas actividades delictivas que se llevan a cabo en ese territorio.
La entidad cuenta con una ubicación geográfica apremiante, pues el norte se caracteriza por su amplia franja fronteriza con Estados Unidos. Por su parte, la zona este tiene colindancia con el Golfo de México lo que le permite contar con importantes puertos, así como con prominentes recursos petroleros, tanto pozos que sirven para la extracción de crudo, como la refinería Francisco I. Madero, en la zona metropolitana de Tampico.
La abundante oferta de recursos y fuentes de ingresos, hace que poderosas organizaciones delictivas del país mantengan, por un lado, una constante disputa por las plazas (distintas ciudades de importancia para sus actividades de trasiego y venta de narcóticos) y la presencia histórica del Cártel del Golfo (CDG), así como la eclosión de distintos grupos antagónicos a lo largo de los años como Los Zetas, y en la actualidad el Cártel del Noreste. Cabe agregar también la reciente incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ahora bien, en Tamaulipas, como en muchas otras entidades, la vinculación de organizaciones criminales con fuerzas del orden y con el poder político ha servido como pieza clave para actuar con impunidad y mantener activas sus operaciones ilícitas, por lo que son numerosos los casos de corrupción y vinculaciones de funcionarios con el narcotráfico.
Incluso, estas vinculaciones han sido de interés para Estados Unidos, quienes consideran a las organizaciones mexicanas del narcotráfico como una de las mayores amenazas para su país, por lo que instituciones como la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), desde el año 2010, se encargan de investigar los vínculos de algunos funcionarios públicos con grupos delincuenciales como Los Zetas, y los cárteles del Golfo, Sinaloa y Juárez.
Las autoridades estadounidenses cuentan con una lista de al menos 20 funcionarios mexicanos quienes se encontrarían vinculados con diferentes grupos del narcotráfico. De esta lista destacan, Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004 y el actual gobernador del mencionado estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
En este sentido, Yarrington fue acusado por nexos con el narcotráfico, extorsión y asociación delictuosa. Posteriormente ocupó su lugar Eugenio Hernández, quien también resultó detenido y con investigaciones por presuntamente haber tenido nexos con el CDG y Los Zetas.
Es evidente que Tamaulipas permanece en una situación preocupante en el ámbito de seguridad y que, la vinculación entre el narcotráfico y el poder político sólo ha generado un decremento en las condiciones del estado, además de que ha sido una constante en distintos períodos gubernamentales, lo que contribuye que este sistema se legitime.
Existen argumentos suficientes para pensar que la reciente expansión de los grupos delincuenciales en el país se debe a posibles nexos con funcionarios públicos, pues las organizaciones criminales se ven protegidas y pueden crear espacios en los cuales prosperar, incrementando de esta forma los índices de homicidios, la producción y tráfico ilícito de drogas en el país.
Habrá que ver en qué terminan las indagatorias en contra del actual mandatario Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por presuntamente haber realizado operaciones con recursos provenientes del narcotráfico. Fuentes periodísticas mencionan que la FGR habría obtenido grabaciones telefónicas proporcionadas por la DEA, donde supuestamente quedarían expuestos los vínculos. El gobernador, hay que decirlo, ha negado las acusaciones en este contexto de ataques a la oposición desde el gobierno central. En fin, aún hay mucho que contar.
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