Por Fernando Rivera
El 4 de junio pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, estimó que en un escenario “muy catastrófico”, la cifra de muertes por Covid-19 en México, alcanzaría los 60 mil muertos. En aquella ocasión el funcionario indicó que “el mínimo era 6 mil, otro escenario era 8 mil, otro era 12 mil 500 (…) y teníamos así hasta los 28 mil –que se redondea a los 30 mil–, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil”.
Y la realidad lo alcanzó. Cada uno de los escenarios planteados fue rebasado con soltura. El sábado pasado 22 de agosto, la cifra fue sobrepasada, pues se llegó a los 60,264 decesos causados por dicha enfermedad. México se ubica así en la tercera posición mundial en número de muertes acumuladas, tan sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil. Tomando en cuenta el total de contagios, el país se sitúa en séptimo lugar, superado por Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y Perú.
Parece que lo peor aún está por venir. Desde el extranjero han llegado noticias que las autoridades locales se han esforzado en minimizar, con un discurso optimista que se pregona desde la silla presidencial. De acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington, para diciembre de este año se proyecta que haya 130,387 defunciones, de seguir con las medidas tomadas al momento.
Dicha institución también estima que, si se estableciera una política general de uso obligatorio de cubrebocas, el número de muertes se reduciría a 121,331 para la misma fecha.
Aunque las cifras han constituido un problema para el actual gobierno, lo cierto es que, en la cosmovisión oficial, existe el pensamiento de que el trabajo de contención de la pandemia ha sido el correcto. A diferencia de otros países, la idea estuvo en contener el avance de la enfermedad, sin embargo, esto debería ser en una etapa temprana. La idea era retrasar los contagios, para hacer sostenible el sistema de salubridad en México. No ocurrió así.
A lo anterior hay que agregar que la comunicación de las autoridades políticas y sanitarias del país no ha sido la más precisa. Desde AMLO, con su poca disposición para usar cubrebocas con el fin de mandar la señal de su efectividad, hasta López-Gatell, quien en una de sus conferencias informativas mencionó que “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”, ante la pregunta de una periodista en el sentido de si el mandatario, de ser portador de Covid-19, podía contagiar a personas de alta marginación.
Algo es cierto: aunque por momentos se observa una tendencia a la baja en la cantidad de contagios, la verdad es que las cifras de pruebas que se suministran para identificar a los enfermos también ha disminuido. El problema radica en que la aplicación de este diagnóstico sólo es a pacientes graves, y no generalizado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México se administran 3 pruebas por cada 100 mil habitantes al día, cuando en Estados Unidos el promedio es de 150.
Ante la negativa de los funcionarios gubernamentales para reconocer que el rumbo no es el correcto, y la continua toma de decisiones erróneas, las muertes continuarán ocurriendo. Ya no sólo es el flagelo de la violencia el que aporta a las estadísticas de las defunciones, sino que el enemigo invisible ahora es el protagonista de la tragedia nacional.
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