Por Fernando Rivera
Cuando se percató que sujetos a bordo de dos autos lo seguían en calles del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Adrián Matsumoto Dorame –jefe de inteligencia de la Policía Municipal de Ciudad Juárez–, detuvo la marcha de su camioneta. Sabía que iban tras él. Descendió de la unidad y caminó unos metros.
A las diversas crisis que hoy en día afectan a la sociedad mexicana, debe sumarse una de la que no muchos hablan: las fuerzas de seguridad como blanco de ataques. Son varios factores los que han propiciado este fenómeno, como las venganzas por parte de las organizaciones criminales, al verse afectadas en sus operaciones; o bien, la infiltración de estos grupos dentro de las instituciones, por mencionar ejemplos.
Las condiciones de seguridad en el país no parecen encontrar la salida hacia la pacificación tantas veces pregonada por AMLO. Las cifras de homicidios se ubican por encima de lo que en administraciones pasadas, tantas veces criticadas, mantuvieron en sus respectivos periodos. Y, sin embargo, aún con las promesas de atacar la raíz del problema con la implementación de programas sociales –o la ya citada frase “abrazos, no balazos”–, lo cierto es que, en los hechos, no hay nada palpable que vaya en ese sentido.
De acuerdo con datos de MOVISAFE, durante el segundo trimestre de 2020, se registraron 178 atentados planeados en contra de fuerzas del orden de los tres niveles, es decir, dos más que en el periodo anterior. Esto se traduce en un promedio de dos ataques diarios a nivel nacional entre abril y junio de este año.
Durante este segundo trimestre del año, destacan dos casos en específico:
- A finales de junio, el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, en la colonia Lomas de Chapultepec, luego de ser blanco de una emboscada, con armas de grueso calibre, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en pleno Paseo de la Reforma y Monte Blanco, dejando a dos de sus escoltas muertos.
- A inicios del mismo mes, fueron localizados los cadáveres de siete elementos de la Policía Estatal de Colima, con marcadas huellas de violencia –algunos de ellos desmembrados–, al interior de una camioneta abandonada en inmediaciones del ejido Los Cedros, en Manzanillo.
En este contexto, los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Guanajuato, se ubicaron en las tres primeras posiciones en la comisión de este tipo de hechos con 29, 28 y 25 casos, respectivamente. No obstante, es importante mencionar que, de manera general, las corporaciones municipales son las más afectadas por estos acontecimientos, seguidas de las estatales y federales.
Así pues, tomando en cuenta una perspectiva municipal, ciudades como Reynosa (Tamaulipas), Juárez (Chihuahua), San Luis Potosí (San Luis Potosí) o Celaya (Guanajuato), son las que pueden considerarse focos rojos, debido a la periodicidad con la que ocurren estos eventos.
Cuando Adrián Matsumoto se encontraba a mitad de la calle, los sicarios le dispararon en múltiples ocasiones. El oficial iba acompañado de su familia, a la cual, en un acto heroico, logró salvar del ataque. Más de 50 casquillos percutidos, serían encontrados en el lugar. “Yo nací para ser policía y me voy a morir siendo policía”, solía decir a Karina, su esposa. Y así murió. El evento ocurrió en marzo de 2019; más de un año después, la realidad se aferra a no cambiar.
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