Por Jessica Arreola, Carlos Herrera y Fernando Rivera
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, dice un viejo relato del fallecido escritor guatemalteco, exiliado en México, Augusto Monterroso. La frase podría pasar desapercibida, si no fuera por la tragedia que ilustra aplicándola en el largo camino de la delincuencia en México. El crimen organizado es ese dinosaurio que se niega a extinguirse. Modelos de seguridad han sido creados en diferentes sexenios para erradicarlo, pero está más vivo que nunca.
Desde hace décadas, el poder que las diferentes organizaciones criminales han tenido dentro de las instituciones mexicanas, ha sido una de las mayores barreras para la construcción de un sistema político transparente e incorruptible.
Es bien sabido que algunos estados, como Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato, se han erigido como epicentros de ataques en contra de agentes de las fuerzas del orden. No obstante, algunos grupos delictivos han desarrollado una red de infiltración dentro de los cuerpos de seguridad, con mayor incidencia en corporaciones municipales, aunque las fuerzas federales no están exentas.
La llegada de López Obrador a la presidencia, abrió un resquicio en el sistema de seguridad mexicano que podría traer consecuencias negativas en un corto plazo: la instauración de una Guardia Nacional (GN) y la consiguiente desaparición de la Policía Federal.
Las razones para esto son fundamentalmente dos: por un lado, está la corrupción arraigada en esta instancia y, por otro, la connotación política que otorga la creación de un cuerpo de instrucción militar en lo que se ha presentado como un régimen que rompe con lo que había sido hasta entonces el sistema político mexicano.
Pero como fenómeno aún más complejo, esta decisión podría derivar en la integración de ex policías federales a grupos delincuenciales. ¿La historia de Los Zetas se repetirá con otro nombre, años después?
Esto no sería algo nuevo en los anales de la violencia en México, pues a finales de la década de los ochenta, con la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) –que en su momento fungió como policía política del régimen priista–, elementos de esta corporación pasaron a formar parte del crimen organizado, añadiendo sus conocimientos en materia de seguridad a la logística de los grandes cárteles, profesionalizando así sus operaciones. De hecho, Los Zetas, en sus inicios, estuvieron formados por elementos de élite desertores del Ejército Mexicano.
Un par de casos, que en el futuro podrían ser tomados como antecedentes de esta problemática, son los siguientes:
Primero, la acusación del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en contra del edil de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, así como del Director de Seguridad Pública, Raúl Barajas Andrade y el Secretario General, Juan Guzmán Ruiz, de mantener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que, presuntamente, estuvieron involucrados en un enfrentamiento armado con otra agrupación criminal por el dominio de la plaza.
El segundo es un hecho que cimbró la política y la estrategia de seguridad: la reunión de varios miembros de la GN con integrantes de la familia Valencia Ávila, quienes han sido acusados de mantener lazos con Los Zetas en el negocio de robo de combustible en la zona del Triángulo Rojo poblano.
No deja de resultar preocupante que Patricia Valencia, miembro de esta familia, y que hiciera campaña para diputada federal en 2018, tuviera como su jefe de seguridad a Abel Olivares Múzquiz, actual inspector de la Guardia Nacional en el estado. De hecho, hace unos días, un grupo de diez agentes a cargo de Olivares Múzquiz, fueron invitados a reunirse con miembros de la familia Valencia.
Parece que estamos en la antesala de otro gran cisma. El ejemplo poblano, es sólo uno de los que se han presentado en todo el territorio nacional. La GN fue propuesta por López Obrador con el fin, según él, de disminuir los índices de criminalidad en México. El pretexto: que la Policía Federal estaba invadida de corrupción. ¿Entenderá, acaso, que reunirse con presuntos delincuentes, también es una forma de corrupción, tal como lo hicieron los elementos de la Guardia Nacional?
La posibilidad de que elementos de lo que fuera la Policía Federal nutran la hidra en que se han convertido los grandes cárteles es bastante alta, por lo que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal estaría condenada desde sus primeros pasos.
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