Por Carlos Herrera y Fernando Rivera
Manuel Bartlett Díaz fungía como Secretario de Gobernación, y presidente de la entonces Comisión Federal Electoral —antecedente del actual Instituto Nacional Electoral (INE)—, durante las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988. A este personaje, se le atribuye la llamada “caída del sistema”, que culminó con la victoria de Carlos Salinas de Gortari, por el PRI, aun cuando en el conteo inicial, el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, llevaba la delantera. Décadas después, estos comicios, continúan arrastrando la sombra de la duda.
Recientemente, este apellido volvió a ser objeto de suspicacias, cuando diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el 17 de abril, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, otorgó a la empresa Cyber Robotic Solutions un contrato por 31 millones de pesos por la compra de 20 ventiladores para terapia intensiva, utilizados para la atención de pacientes con COVID-19; es decir, a 1.5 millones por cada aparato.
El escándalo sobrevino cuando se acusó que este precio estaba por encima del que había en el mercado, y se volvió mayúsculo cuando se dio a conocer que el propietario de dicha empresa es León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.
Ante esto, el 4 de mayo, López Obrador mencionó en su conferencia matutina, de una forma que podría calificarse de tibia, que el caso debería llevarse hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, se justificó declarando que la mencionada empresa no les solicitó anticipos, ni fianzas, además de que los objetos adquiridos son de una marca reconocida.
Cabe indicar entonces, el discurso repetitivo que se maneja desde el Ejecutivo Federal, en el que acusa que el mayor de los males de este país es la corrupción ¿En dónde está la línea que divide la corrupción de los miembros de su partido y la corrupción ajena? ¿Acaso es tolerante con los actos deshonestos que llevan a cabo los miembros de su gobierno? ¿Por qué no denuncia desde la tribuna del poder estos desfalcos, tal como lo hacía cuando era oposición?
Lo que parecería una mala comedia, llena de acusaciones entre altos funcionarios, trae a la opinión pública una discusión que pone en entredicho el centro mismo del discurso de la llamada Cuarta Transformación: el final de la corrupción del Gobierno en todos sus niveles.
El apellido Bartlett ha estado ligado a la palabra corrupción desde hace décadas; sin embargo, sigue rondando las instituciones encargadas de la administración pública, sumergiendo en las penumbras de la inmoralidad política todo lugar con el que se le vincula.
Cabe preguntarse aquí un asunto de vital importancia: ¿por qué el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, consiguió por su parte ventiladores medio millón de pesos más baratos que con Bartlett?
Llama la atención este conjunto de acusaciones, que se escurren a través de elementos del partido en el poder, mostrando un resquebrajamiento al interior. El PRI cayó no sólo por las demandas sociales, sino por sus propias contradicciones, las luchas al interior y por su endémica corrupción.
A pesar de todo esto, López Obrador parece aferrarse a defender a los Bartlett, manchando su propia imagen en el proceso que, dicho sea de paso, ya no parece tan impoluta, lo cual se nota en una popularidad que ha empezado a agrietarse. Y ante tanta protección a personajes tan cuestionables, surge una pregunta: ¿qué les debe, señor Presidente?
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