Por Karina Pichardo
El surgimiento del nuevo virus COVID-19, registrado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China en diciembre del 2019, se caracteriza por su propagación, alcanzando una rápida incidencia de brotes en más de 180 países. Hasta el momento registra al menos dos millones 431 mil 390 casos, por lo que fue declarada pandemia por la OMS (Organización Mundial de la Salud), situación que ha venido a modificar el panorama mundial en diversos aspectos.
En México, el primer brote confirmado se registró a finales de febrero y consecutivamente la propagación ha continuado en el territorio, situación que ha orillado a las autoridades federales a tomar medidas para mitigar y contener la propagación del virus, al igual que muchas otras naciones.
Por consiguiente, se está transitando por un escenario complicado en el ámbito económico global, pues las cadenas de suministro en los diferentes sectores de producción se afectaron desde los primeros brotes de coronavirus en China, considerado como el mayor exportador mundial.
Cabe mencionar que la interrupción de las cadenas de producción en diversos países, prevé consecuencias en el comercio mundial derivando en el alza de desempleo y pérdidas de ingresos.
Aunado a esto, el panorama nacional atraviesa el desplome del precio del petróleo y la depreciación del peso.
Por otro lado, y no menos importante es la afectación que la pandemia genera en el trasiego de drogas en México, pues las operaciones de los principales cárteles dedicados al tráfico de narcóticos se han visto afectadas, desde la obtención de insumos hasta su distribución.
En primer lugar, los principales precursores para la elaboración de drogas sintéticas y el fentanilo, son normalmente importados desde China y, el retraso de este y otros insumos, ha generado un desabasto para la producción de metanfetaminas, representando un golpe a las producciones del Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente.
Además, debido a la decisión de Estados Unidos de realizar el cierre parcial de cruces fronterizos, la exportación de cocaína se ha reducido considerablemente, convirtiéndose en pérdidas millonarias para las organizaciones criminales cuya actividad principal es el tráfico de drogas.
Pero el panorama adverso no sólo se reduce a la fabricación de los estupefacientes. Las afectaciones también abarcan la distribución: bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles, entre otros sitios, al ser obligados a cerrar, dejan de ser puntos de venta de droga y, por lo tanto, merman el aparato financiero de los cárteles.
De esta manera se muestra cómo las repercusiones del COVID-19 también se presentan en materia de seguridad, pues es de esperarse que, si las ganancias de los grupos delincuenciales continúan mermándose, éstas se inclinen por explotar otras actividades delictivas (como secuestro y extorsión) e incluso emprender otras tácticas para la obtención de capital, lo que supondría un incremento de riesgo para la población.
La conclusión es sencilla: la delincuencia no tiene confinamiento.
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