Por Paola Gutiérrez
La Ciudad de México cuenta con poco más de 9 millones de habitantes que viven y transitan diariamente por sus calles. A pesar de esta cantidad, sólo se cuenta con 45 ambulancias públicas y gratuitas para cubrir las necesidades de salud y seguridad de la población. Ante el precario sistema pre-hospitalario de la capital, la presencia de ambulancias particulares se ha convertido en un problema para la entidad.
La problemática reside principalmente en que no se cuenta con una regulación pertinente por parte de las instituciones correspondientes. Ejemplo de ello son las cifras que el gobierno local maneja ante el registro de ambulancias. Ya que, si bien se cuenta con 382 unidades con permisos de circulación, no se sabe exactamente si éstas pertenecen a aseguradoras, hospitales privados o a servicios particulares.
Respecto a ello, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) señala que de esa cifra, al menos 80 son unidades particulares. Es decir, casi el doble de las unidades públicas disponibles en la capital. Sin embargo, la licencia de circulación es insuficiente para asegurar un servicio seguro, ya que también es necesario contar la verificación sanitaria necesaria, es decir, equipamiento, materiales, capacitación y certificación del personal.
Al no tener un control sobre estas unidades y la calidad de los servicios que ofrecen, los costos se definen por ser excesivos. Así, los traslados oscilan entre los 2,000 hasta los 6,000 pesos. Su modo de operar también se caracteriza por trazar redes de convenios con hospitales privados por los que cobran determinadas comisiones para llevar a los heridos a sus instalaciones, más allá de la preferencia del paciente.
Otra de las irregularidades que este tipo de ambulancias realizan es la intercepción la señal nacional de emergencias en el 911 con el objetivo de localizar de manera rápida los hechos en donde se necesita su apoyo y así “ganar heridos”. En estos casos, se han presentado agresiones entre distintas ambulancias privadas y servicios públicos para atender emergencias.
Frente a esta situación, la regulación del sistema pre-hospitalario y de emergencias ha sido pausada debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, la atención a emergencias ha quedado dividida entre el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la Cruz Roja y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La corrupción también ha alcanzado a servicios que, por su naturaleza, deberían estar libres de toda mala intencionalidad. Videos en los que los supuestos paramédicos no atienden a las víctimas de algún percance, por el sólo hecho de no poseer el dinero para el traslado en ese momento, son cada vez más comunes. Una regulación pronta es un primer paso para evitar a los farsantes.
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