Entrada: Una visión energética de hace 83 años

Por Fernando Rivera

La supuesta defensa del sector energético ha sido una de las banderas que ha enarbolado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era líder de la oposición, sobre todo a partir de 2006. Su visión estatista de la economía ha generado que, hoy que lleva las riendas del país, pretenda deshacer los cambios y reformas en la materia realizados en la administración precedente de Enrique Peña Nieto.

Para nadie es un secreto la predilección que AMLO tiene por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940. La añoranza de López Obrador por la llamada “expropiación petrolera”, llevada a cabo por Cárdenas en marzo de 1938, queda de manifiesto en el discurso presidencial.

En aquel evento histórico, el gobierno expropió los bienes materiales de empresas extranjeras, los cuales pasaron a ser propiedad del Estado. Con esto, los yacimientos petroleros dejaron de ser controlados por la iniciativa privada y pasaron a ser manejados por el sector público. Este evento terminaría por propiciar la fundación de Petróleos Mexicanos (Pemex), pieza angular de las finanzas nacionales.

Sin embargo, las malas gestiones en la compañía, la falta de innovación y la nula competencia, terminaron por llevar a Pemex a una espiral de degradación, al tratársele como el motor de la economía mexicana.

Hoy, el oficialismo se vuelve a montar en el discurso de los años 30. En días recientes, López Obrador presentó una iniciativa para reformar el marco legal energético nacional. Con su propuesta, el mandatario busca quitar las “aristas más filosas”, según dijo, a la regulación establecida en la pasada administración.

“No estamos revocando los contratos que entraron para extraer petróleo con el mecanismo de utilidad compartida, eso continúa. No estamos quitando concesiones mineras, no estamos cancelando contratos en la industria eléctrica”, manifestó el mandatario durante una rueda de prensa. Sin embargo, su proyecto de ley otorgaría mayor control de Pemex en los ramos de importación, distribución, almacenamiento, así como en los precios del combustible.

El paradigma del empresariado radica en que no hay certidumbre para la inversión. Las reglas del juego pretenden ser cambiadas y, ahora, si bien la propuesta presidencial no prevé (por el momento) la cancelación de los permisos y contratos ya existentes con los privados, lo cierto es que la iniciativa contempla suspenderlos o revocarlos cuando los entes reguladores o las autoridades consideren que la seguridad nacional está en riesgo. ¿Quién determinará eso? Ahí la incertidumbre.

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