Por Helio Jiménez y Fernando Rivera
El jueves 15 de octubre del presente año, se registró un hecho sin precedentes: el general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda era detenido a petición de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, durante un viaje familiar. Salvador Cienfuegos ostentó el cargo de secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El dictamen ingresado a la Corte Este de Nueva York, tras una audiencia inicial en California en la que se le negó la libertad bajo fianza, detalla que los cargos bajo los cuales se sostenía la detención de Cienfuegos eran los siguientes: conspiración para distribución e importación internacional de cocaína, metanfetamina y mariguana, así como conspiración para cometer lavado de dinero; delitos presuntamente ocurridos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El documento precisa también que el exsecretario era conocido como “El Padrino” o “Zepeda”.
Destaca el pronunciamiento efectuado por el gobierno mexicano, llevado a cabo a través del canciller Marcelo Ebrard, quien manifestó sorpresa y descontento debido a que no se había informado a las autoridades mexicanas de dichas investigaciones contra el exsecretario.
En una segunda audiencia, Cienfuegos se declaró inocente de los delitos por los que se le acusa y de igual manera, su abogado en México, Rafael Heredia Rubio, mencionó que no se estaban llevando a cabo algún tipo de negociaciones con la fiscalía de los Estados Unidos.
Posteriormente, previo a una tercera audiencia en Nueva York, de manera sorpresiva se informó que gracias a su «estrecha relación», la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia estadunidense tomaron la decisión de solicitar a la jueza del caso en Nueva York desestimar los cargos penales en Estados Unidos contra el Cienfuegos, para que pueda ser investigado y en todo caso ser procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.
Como consecuencia de esto, durante una tercera audiencia fueron desestimados los cargos contra el exsecretario Cienfuegos, por lo que regresó a territorio mexicano en calidad de repatriado, custodiado por elementos del Cuerpo de Alguaciles de EUA. A su llegada, se le notificó que existe una investigación abierta en su contra, con base a la información proporcionado por el Departamento de Justicia de EUA.
Este caso detonó diversos pronunciamientos, como el efectuado por el presidente López Obrador durante el mes de octubre en el que instó a que se indagara el papel de la DEA en las investigaciones de esta índole.
El caso cobró mayor relevancia, debido a rumores de una posible amenaza del gobierno mexicano de expulsar a los agentes de la DEA o limitar sus operaciones en territorio mexicano por el caso Cienfuegos. El presidente expresó que dicha amenaza no fue efectuada y que solo fue expresada vía diplomática la inconformidad ante el proceder de la agencia estadounidense.
Como sea, al exsecretario de Estado se le señaló de nexos con la Organización de los Beltrán Leyva. Dichas acusaciones no fueron probadas en ningún juicio. En el Ejército se vislumbra un maltrato a la institución, ante la falta de procedimientos claros en el actuar no sólo se las autoridades mexicanas, sino también las americanas. Hay un acuerdo que no es del todo transparente entre ambos países y una relación fructífera entre Trump y AMLO.
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