Por Isabel Herrera
En días recientes, una nueva controversia concentró la atención de medios nacionales e internacionales, generando alerta en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, debido a la manifestación de 43 congresistas de Estados Unidos, entre los que destacan los Senadores Republicanos Ted Cruz y Bill Cassidy, Jhon Neely Kennedy y el Demócrata Jim Costa , quienes dirigieron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la que se plasma la preocupación por la conducta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia energética.
Su queja la enfocaron en el actual manejo por parte del gobierno mexicano sobre el tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y de la vigente Reforma Energética, implementada en el 2014 durante la administración del ex presidente, Enrique Peña Nieto, con la cual se permitió la apertura de la iniciativa privada, fomentando el desarrollo tecnológico y el empleo en ambos lados de la frontera, así como ampliar el mercado de las exportaciones del crudo mexicano.
En el breve documento, conformado por una página, los legisladores exponen las razones por las cuales Trump debería prestar atención a las acciones de México.
De hecho, se hace referencia a un comunicado filtrado en el cual López Obrador solicita a las autoridades mexicanas usar todos los recursos posibles dentro del marco regulatorio, para proteger y favorecer a las empresas paraestatales: Petróleos de México (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto a las empresas norteamericanas que laboran y mantienen operaciones en el territorio mexicano.
Adicionalmente, se hace referencia a las iniciativas constitucionales presentadas por miembros del partido político MORENA, las cuales abordan o están orientadas sobre el artículo 27 constitucional, con las cuales se podría afectar a la histórica Reforma Energética, a tal grado de dejarla sin efecto, afectando a los contratos actuales entre empresas americanas y el gobierno mexicano.
En respuesta, durante una gira por el estado de Coahuila, López Obrador dijo sentirse orgulloso y satisfecho de tales quejas, puesto que, para él, el papel del gobierno no es velar por los intereses privados, por el contrario, los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los negocios públicos.
También hizo hincapié que la petrolera española REPSOL, “no le paga, sino los mexicanos”, en alusión a que dicha empresa acogió como consejeros a la ex secretaria de energía del gobierno Felipe Calderón (2006-2012), Georgina Kessel y al mismo ex presidente, considerando tales acciones como un abuso. Por tal motivo, recalcó que no piensa retroceder en la defensa de las empresas del Estado.
Tal comportamiento ha inquietado no sólo a miembros del congreso norteamericano; de llevarse a cabo tal modificación al artículo 27 constitucional y cancelar la reforma energética, se experimentaría una migración masiva de inversiones de compañías americanas, y de otras naciones, que se realizaron con la implementación de la Reforma Energética, desestabilizando no sólo el mercado nacional sino también a los miembros que acordaron el T-MEC.
Con esto, en el país se viviría un panorama de incertidumbre y podría ocasionar una crisis económica a raíz de la falta de inversión. Aún más empleos se perderían, sumados a los que trajo la pandemia de Covid-19, sin mencionar las consecuencias legales que se abordarían por el incumplimiento de los acuerdos pactados.
Dos cosmovisiones en materia de energía se encuentran enfrentadas en Palacio Nacional; por un lado, la de los radicales que buscan regresar al viejo modelo del control del Estado sobre este sector. Y, por el otro, la de los moderados, que buscan incentivar la participación de la iniciativa privada en la materia. La mesura deberá prevalecer, en un país tan necesitado de inversión, y un gobierno tan carente de certidumbre.
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