Por Karina Pichardo Martínez
En el marco de la pandemia provocada por la propagación del virus Sars- CoV2, que vulnera en muchos aspectos el bienestar de la población mundial, se han suscitado diversas manifestaciones a nivel global derivadas del homicidio del ciudadano estadounidense George Floyd, hombre afroamericano, quien murió por asfixia durante un arresto ocurrido en Minneapolis, Minessota, Estados Unidos.
La opinión pública se volcó sobre este evento, pues evidencia casos de abuso policial, generando descontento y enojo social mostrado a través de manifestaciones. Sin embargo, este fenómeno no es privativo de los Estados Unidos.
En el contexto nacional, recientemente se dio a conocer la muerte del mexicano Giovanni López, ocurrida a principios del mes de mayo, en una detención por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; este acontecimiento provocó manifestaciones en la capital del estado que derivaron en enfrentamientos violentos entre cuerpos policiacos y civiles, generando una frustración aún mayor en la población. En protesta por ambos casos, también se registraron manifestaciones en la Ciudad de México.
Para entender estos fenómenos, es necesario ahondar en el término de abuso policial. Según los investigadores Alvarado y Silva, este abarca distintas formas de conductas anómalas por parte de agentes policiales, desde su relación con el uso excesivo o brutal de fuerza física en la realización de un arresto, pasando por detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias del tipo del profiling (detener o revisar a determinados sujetos o grupos sociales por sus características raciales, étnicas, sexuales, políticas, de clase, entre otras), así como distintas formas de extorsión y corrupción.
Sin embargo, a pesar de que el abuso policial es reiterativo en diversos contextos, los dos casos expuestos tienen un origen estructural completamente diferente. En el caso de Estados Unidos se argumentan motivos raciales. Por su parte, en el caso de México, el abuso de las corporaciones policiacas responde a la ineficacia en la aplicación de protocolos, consecuencia de una deficiente formación profesional, además de la corrupción inherente al sistema, que antepone los intereses de algunos sectores a las necesidades de la ciudadanía.
En el escenario mexicano esto no es nuevo, ni es exclusivo de sólo algunos periodos gubernamentales: las historias de abusos de poder han tenido lugar tanto en arrestos, como en los procesos judiciales. Ejemplo de esto es el caso de San Salvador Atenco, Estado de México, donde en 2006 un desalojo derivó en un enfrentamiento entre elementos policiacos y pobladores en el que se detuvieron 217 civiles. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mantiene que durante el altercado hubo detenciones arbitrarias, retención ilegal, tortura y abusos sexuales.
Puede añadirse, el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero en el año 2014, donde corporaciones de seguridad municipales fueron relacionadas con los hechos.
De manera particular, el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos es evidencia de dos problemas que pueden extrapolarse a las policías municipales de otros lugares del país:
- El déficit en el número de agentes policiacos en relación a la cantidad total de habitantes.
- La corrupción en el sistema de reclutamiento.
Estos elementos son observables en el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, pues el municipio tiene 6,137 habitantes –según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – y tan solo cuenta con 69 elementos activos, de los cuales 34 no pasaron las pruebas de Control y Confianza; a pesar de lo anterior, no fueron dados de baja como lo estipula la ley.
En materia de seguridad, hay una evidente necesidad de una reforma policial, que trascienda un solo periodo gubernamental, para construir una corporación capaz de apegarse a las leyes de actuación, con una formación profesional e integral que involucre aspectos como Derechos Humanos y protocolos para el uso de fuerza. No es necesario buscar demasiados alicientes para esto, ya que son constantes los casos en que corporaciones de seguridad resultaron infiltradas por el crimen organizado, faltando así al deber máximo del Estado: garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
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